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México pide bloquear medida de ley de Arizona
PHOENIX (AP) 27 de diciembre del 2012: México solicitó a un tribunal federal de Estados Unidos que impida a Arizona poner en marcha una disposición menor de la ley estatal de inmigración que había entrado en vigencia en 2010 y la cual prohíbe que se dé albergue a inmigrantes sin permiso para estar en Estados Unidos.
El gobierno mexicano, a través de sus abogados, presentó el miércoles un documento a la Corte de Apelaciones del noveno circuito en el que pide que ésta ratifique el fallo de un tribunal inferior que impidió a la policía la aplicación de la medida.
En su escrito como amigo de la corte, México dijo que la prohibición incide negativamente en las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, socava la capacidad de Washington para hablar con una sola voz ante países extranjeros y alienta la marginalización de mexicanos y personas que parecen provenir de América Latina.
``México no puede efectuar negociaciones efectivas con Estados Unidos cuando las decisiones de política exterior de los gobiernos federales son socavadas por políticas individuales de estados individuales'', se indicó en el documento.
La medida que prohíbe que se dé albergue a inmigrantes no autorizados entró en vigencia a finales de julio de 2010, pero la jueza federal Susan Bolton la congeló el 5 de septiembre. Dos semanas antes de que bloqueara la medida, Bolton aseguró durante una audiencia que no estaba enterada que hubiera habido arrestos a causa de la disposición.
Esta medida fue eclipsada por otras previstas en la ley, como la que entró en vigencia el 18 de septiembre que obliga a los agentes _en el desempeño de sus responsabilidades_ a preguntar la condición migratoria de personas de las que sospechen que están sin autorización legal en el país.
La Corte Suprema federal ratificó a principios de año la disposición que obliga a los agentes a preguntar sobre la condición migratoria, pero eliminó otras medidas previstas en la ley, como aquella que obliga a los inmigrantes a obtener o portar documentos en los que conste que están registrados como inmigrantes.
El asunto de la prohibición no se ventiló en el máximo tribunal del país.
La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, que decretó la ley de inmigración conocida como la SB1070 y es la principal defensora de la misma, solicitó a la corte de apelaciones que revierta el fallo de Bolton sobre la medida que prohíbe dar alojamiento a inmigrantes no autorizados.
El portavoz de Brewer, Matt Benson, dijo que la prohibición dispuesta en la ley de inmigración de Arizona es congruente con la ley federal y aseguró que México interfiere sobre el particular en los tribunales federales estadounidenses.
``La misma ley de inmigración de México es considerablemente más severa que cualquier medida impuesta como resultado de la SB1070. ¿Cree el gobierno mexicano que la ley federal estadounidense casi idéntica perjudica las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México?'', preguntó Benson.
No es la primera vez que un gobierno extranjero interviene en disputas en torno a la ley de inmigración.
En 2010, México había solicitado a los tribunales que declararan inconstitucional la ley; además otras 10 naciones latinoamericanas manifestaron su rechazo a la normativa.
Brewer afirmó entonces que gobiernos extranjeros se entrometían en una disputa jurídica interna entre Estados Unidos y uno de sus estados.
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Arizona Republican Gov. Jan Brewer
Mexico urges US court to block part of Arizona law
By JACQUES BILLEAUD, Associated Press
PHOENIX, Dec. 27, 2012 (AP): The Mexican government has urged a U.S. court to stop Arizona from enforcing a minor section of the state's 2010 immigration law that prohibits the harboring of undocumented immigrants.
Lawyers representing Mexico asked the 9th Circuit Court of Appeals in a filing Wednesday to uphold a lower-court ruling that blocked police from enforcing the ban. Mexico argued the ban harms diplomatic relations between the United States, undermines the U.S.'s ability to speak to a foreign country with one voice and encourages the marginalization of Mexicans and people who appear to be from Latin America.
``Mexico cannot conduct effective negotiations with the United States when the foreign policy decisions of the federal governments are undermined by the individual policies of individual states,'' lawyers for the Mexican government said in a friend-of-the-court brief.
The harboring ban was in effect from late July 2010 until U.S. District Judge Susan Bolton blocked its enforcement on Sept. 5. Two weeks before Bolton shelved the ban, she said during a hearing that she knew of no arrests that were made under the provision.
The prohibition has been overshadowed by other parts of the law, including a requirement that went into effect on Sept. 18 that officers, while enforcing other laws, question the immigration status of those suspected of being in the country without documentation.
The U.S. Supreme Court upheld the questioning requirement earlier this year, but also struck down other sections of the law, such as a requirement that immigrants obtain or carry immigration registration papers. The nation's highest court didn't consider the harboring ban.
Arizona Republican Gov. Jan Brewer, who signed the measure known as SB1070 into law and serves as the statute's chief defender, has asked the appeals court to reverse Bolton's ruling on the harboring ban.
Brewer spokesman Matt Benson said Arizona's harboring ban mirrored federal law and that Mexico was interfering with a matter in U.S. courts.
``Mexico's own immigration laws are significantly more heavy-handed than anything imposed as a result of SB1070. Does the Mexican government believe the nearly identical U.S. federal law harms diplomatic relations between the U.S. and Mexico?'' he said.
This wasn't the first time a foreign government has chimed in during disputes over the immigration law.
In 2010, Mexico urged the courts to declare the law unconstitutional, and 10 other Latin American countries had joined in expressing their opposition to the law.
Brewer had said the foreign governments were meddling in an internal legal dispute between the United States and one of its states.
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