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“Ciertamente, aquellos que han sido detenidos por inmigración y no cuentan con antecedentes penales o representan una amenaza para la seguridad pública, pueden entrar en un proceso de orden de supervisión el cual les permitirá quedarse en el país y obtener un permiso de trabajo. Sin embargo, esto aplica únicamente para las personas que tienen una orden finalizada de deportación”, comentó la abogada Puerta, quien se encuentra bastante preocupada por el abuso de que están siendo objeto los inmigrantes por parte de notarios que recomiendan entregarse a las autoridades para recibir este supuesto beneficio. Por lo que recomienda mantenerse informado y en caso de ser necesario, acudir con un abogado para obtener la asesoría correspondiente.
“Hay mucha gente desesperada por su situación migratoria que se deja llevar fácilmente por consejos erróneos; pero siempre hay que averiguar bien antes de realizar cualquier acción y dañar todavía más su situación en el país”, agregó.
Marielo Puerta explicó que con el cambio en las políticas de inmigración, los abogados se encuentran trabajando arduamente para demostrar a las autoridades que aunque pueden poner a una persona en proceso de portación, no necesariamente deben deportarlo. “Hay gente que vive aquí desde su infancia, o tal vez con familiares enfermos, estudiantes, veteranos, etc. que no tienen ningún delito más que el haber sido detenidos cuando se encontraban en el lugar y en el momento equivocado; es decir, cuando migración arrestaba a alguien con antecedentes penales, bajo el programa de Comunidades Seguras”.
Todas estas personas, ahora pueden presentar pruebas que demuestren su buen historial. En base a ello, las autoridades de inmigración determinarán si se debe deportar o entrar en orden de supervisión. “Son como 19 criterios que se están tomando en cuenta para emitir un resultado. Es importante mencionar que actualmente hay tantos casos de deportación pendientes, que la corte ya tiene citas hasta el 2013, por lo que se está pidiendo que nada más se enfoquen en aquellos con historial delictivo para de esa manera, poder desahogar un poco la tan apretada agenda”.
Si se logra demostrar a las autoridades de inmigración que una persona es elegible para quedarse en el país y entrar en la orden de supervisión, se cancela la corte.
La abogada ha sido testigo de varios casos en donde las autoridades han permitido a los inmigrantes continuar con su vida en este país. “El caso de cada persona es muy particular, algunas son madres solteras con hijos ciudadanos estadounidenses; otros tienen alguna enfermedad; en fin, las situaciones son muy diversas y lo más importante es presentar todas las pruebas necesarias para obtener la aprobación de inmigración y poder contar con el permiso de trabajo, bajo como su nombre lo indica, una orden de supervisión”.
Cabe destacar que con el programa de Comunidades Seguras fueron deportadas durante el año fiscal del 2010, poco más de 392 mil inmigrantes y de ellos 195 mil (49.5%) tenían antecedentes criminales. La cifra de expulsados fue la mayor en la historia, de acuerdo con información del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Con los presentes cambios en la política de inmigración de Obama, los grupos proinmigrantes se encuentran reuniendo todos los esfuerzos para cancelar el programa de Comunidades Seguras, el cual generó todo este ambiente de intimidación y crecimiento del racismo antiinmigrante.
Se espera que con esta revisión, los departamentos de Seguridad Interna y Justicia centren sus recursos en la deportación de extranjeros criminales u otros que representan una amenaza a la seguridad pública o nacional, han violado repetidamente la ley, ingresaron recientemente de forma ilegal por la frontera o son fugitivos de inmigración.
Por otra parte y para finalizar, la abogada recordó que aunque este año ya terminó el número de Visas U que se les entrega a las víctimas de violencia doméstica, el programa continúa y es importante denunciar al agresor. “Aunque parezca increíble, en nuestra comunidad hispana hay un alto número de violencia y muchas veces la víctima no conoce sus derechos. El hecho de ser ilegal no le impide llamar a la policía para protegerse y se detenga al atacante. De hecho, si la victima coopera con las autoridades, puede recibir apoyo para el patrocinio de la Visa U, lo cual es un poco difícil de conseguir, no cualquier policía en este momento se presta a cooperar. Sin embargo, no siempre pasa eso y por fortuna nos encontramos con muchas autoridades muy solidarias, simplemente hay que trabajar en ello”.
Puerta indicó que muchos casos de violencia van acompañados del alcoholismo, por lo que recomienda tener cuidado al tomar y si es necesario, pedir ayuda o acudir a grupos de apoyo, antes de que sea demasiado tarde.
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