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En lugar de dedicar su plena atención a mejorar las relaciones con México, los ayudantes de la Casa Blanca tuvieron que explicar las motivaciones del cese de los fiscales.
A ello se sumó el escándalo por el estado deficiente del principal hospital militar del país, el Centro Médico Walter Reed, que causó la renuncia de un general y otros mandos, la condena por perjurio y obstrucción de la justicia del ex ayudante del vicepresidente Dick Cheney, I. Lewis “Scooter” Libby, y el reconocimiento por parte del FBI de que violó la ley al obtener información confidencial sobre estadounidenses y extranjeros legalmente afincados en este país.
Los postulantes a la candidatura presidencial por el Partido Demócrata exigieron la renuncia del secretario de Justicia Alberto Gonzáles.
El senador demócrata Barack Obama dijo que los estadounidenses ``merecen ser informados sobre quién en la Casa Blanca maneja los hilos en el Departamento de Justicia, y por qué''. Comentó el ex senador John Edwards: “Ciertamente, el secretario de Justicia Gonzáles debería dimitir ahora''.
``La responsabilidad debería recaer en alguna parte'', dijo la senadora Hillary Rodham Clinton el miércoles en la cadena de televisión ABC.
Gonzáles aceptó la renuncia de su lugarteniente y la responsabilidad de lo sucedido. ``Reconozco que fueron cometidos errores'', indicó.
Aun así los funcionarios de la Casa Blanca dijeron que el mandatario sigue teniendo plena confianza en el secretario de Justicia.
El profesor honorario Fred Greenstein, especialista en ciencias políticas en la Universidad de Princeton, cree que cuando un presidente ``tiene una baja popularidad, es el blanco de cualquier discrepancia. Lo mismo ocurrió con otros presidentes y cosas que habrían pasado inadvertidas súbitamente atraen una enorme atención''.
Sin embargo, el hecho más polémico es la guerra de Irak y el descontento del público con esa campaña bélica, dijo Greenstein. Por ello, las torpezas en otras áreas ``hacen que el gobierno sea muy impopular en otras áreas. Irak es el tema dominante que el resto''.
Nadie pone en duda la potestad del mandatario para despedir y mantener en el cargo a los fiscales federales. Son cargos de designación política que dependen del poder ejecutivo.
Cuando la Casa Blanca cambia de manos, es una práctica común y perfectamente legal destituir a todos los fiscales federales, como lo hizo Ronald Reagan en 1981 y Bill Clinton en 1993. En contraste, Bush permitió que algunos titulares permanecieran en el cargo durante varios meses cuando llegó al poder en el 2001, aunque a la postre todos ellos fueron reemplazados.
Sin embargo, los demócratas alegan que estos fiscales fueron destituidos por motivos políticos, en algunos casos porque investigaron a dirigentes republicanos o porque se negaron a procesar a dirigentes demócratas.
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