Por COLLEEN LONG

NUEVA YORK (AP): Una mujer de Barbados desesperada por regularizar su situación migratoria en Estados Unidos escuchó que podía conseguir la anhelada “tarjeta verde” mediante una iglesia en Brooklyn. Necesitaba 1.200 dólares, más de tres veces los ahorros de su vida.

La mujer vacío su cuenta bancaria, se endeudó con parientes e ingresó a la “iglesia”, cuyos servicios se llevaban los brindaba en la sala de una casa una mujer desaliñada que se describía como la dirigente del grupo.

La inmigrante empezó a asistir al servicio dominical y a dedicarse al estudio de la Biblia los sábados, porque la lideresa decía que era necesario; las autoridades de inmigración estarían observando, le advertía.

Seis meses después la mujer empezó a sospechar. Había estado pagando cuotas y pidiendo prestado más y más dinero, y no recibía el ofrecido número del Seguro Social ni el permiso para trabajar. Se le dijo que el costo de la tarjeta verde había subido. Finalmente abandonó la “iglesia”, pero el daño ya estaba hecho.

Cuando acudió a una entrevista con autoridades federales de inmigración para obtener la residencia luego de casarse, le dijeron que había cometido fraude. Los agentes gubernamentales habían rastreado por algún tiempo su búsqueda de una tarjeta verde.

“Dijeron que tenían formularios con mi firma que demostraban que yo había cometido fraude conscientemente. La verdad es que no tenía idea. Dijeron que podría ser deportada'', relató a Wendy Rutherford, de la organización Proyecto de Acción Comunitaria de Brooklyn.

Su caso es uno de los ejemplos incontables de inmigrantes indocumentados que son engañados por estafadores que les prometen la codiciada residencia legal en Estados Unidos a cambio de dinero. Es un delito que en gran medida queda impune, a pesar de las leyes que castigan el fraude, porque las víctimas están demasiado nerviosas para denunciarlo.

``Es difícil que la gente cuente su historia porque está temerosa. No confían en el gobierno, no quieren complicar su situación ni desean ser deportadas'', dijo Rutherford, quien pasó casi un año en la compilación de relatos para el Proyecto de Acción Comunitaria, un conglomerado de organizaciones religiosas radicadas en Brooklyn que defiende los derechos de los inmigrantes.

Hay en Nueva York unos 3,4 millones de residentes nacidos en otros países, y una cantidad adicional de 500.000 inmigrantes indocumentados, según datos de las autoridades municipales. Pero se desconoce el número de los supuestos abogados y “consultores en inmigración'' que han proliferado.

The Associated Press realizó intentos por entrar en contacto con varias víctimas, pero éstas temían ser deportadas si hablaban.

El entorno es perfecto para este tipo de delito; las leyes de inmigración están en movimiento y muchos inmigrantes están confundidos sobre el contenido de la legislación. El presidente George W. Bush promulgó la semana pasada el proyecto de ley que aprueba medidas adicionales de protección en 1.125 kilómetros de Estados Unidos en la frontera con México. Pero la Cámara de Representantes y el Senado no pudieron conciliar sus diferencias sobre un puñado de asuntos de la inmigración en sus iniciativas de ley respectivas.

La confusión significa que los rumores—y los temores—se están propagando.

“Circula por ahí mucha información falsa'', consideró el religioso Ronald Marino, que dirige la Oficina Católica de Migración en Nueva York. “Habrá amnistía el año próximo y tienes que registrarte para lograrla, y necesitas pagar una cuota, o todos van a ser deportados si no tienen documentos; la fábrica de rumores está trabajando tiempo extra en estos días''.

Autoridades estatales y federales señalan que las víctimas de fraude pueden denunciar el delito en forma anónima.

``No preguntamos la situación migratoria de las personas cuando vienen a la oficina'', dijo José Pérez, subjefe de la dependencia que atiende los fraudes al consumidor en el estado. ``No es nuestro trabajo'', explicó.

Las leyes estatales y municipales que cobraron vigencia en el 2004 endurecen las restricciones a las empresas que se presentan como oficinas de asistencia en asuntos de inmigración. Ahora, las compañías deben colocar el aviso de que no ofrecen servicios de abogados y tienen prohibido dar asesoría legal, así como suministrar un contrato por escrito que detalle todos los servicios. Las multas por infracciones son elevadas. La primera infracción tiene una multa máxima de 2.500 dólares y las subsiguientes son castigadas con al menos 5.000 dólares.

En la ciudad de Nueva York, las víctimas de timos pueden llamar al número 311, que tiene servicio de traducción en 170 lenguas.

Las autoridades aseguran que las leyes están funcionando y dicen que las detenciones que han practicado así lo confirman. En los últimos cuatro meses, al menos cinco personas fueron detenidas por fraude. Entre los recientes arrestados está Jimmie Ortega, un ex supervisor estadounidense de inmigración que está acusado de tener una participación medular en una banda que entregó al menos 60 documentos falsos de ciudadanía a cambio de sobornos de entre 1.500 y 4.000 dólares.

Pero Johnny Kline, del Proyecto de Acción Comunitaria, dice que eso no es suficiente.

Propone un acercamiento mayor a los vecindarios para proporcionar información correcta, además de la colocación de avisos en el transporte público.

De cualquier manera, advierte, los timos van a empeorar cuando aumenten el debate sobre la inmigración y la preocupación por la deportación. Existe la noción generalizada de que la clave es una reforma integral a la inmigración, pero nadie acierta el sentido del cambio.

“Es un problema que se mantendrá latente hasta que sepamos lo que está en juego con la inmigración en este país'', consideró Kline.