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La demanda de México en contra de fabricantes de armas en Estados Unidos

Por Fernando González Saiffe

Consul de México en Detroit

 

El pasado 4 de agosto el gobierno de México presentó una demanda contra varios fabricantes de armas en Estados Unidos, por daños ocasionados en la facilitación y venta del tráfico ilícito de sus armas a cárteles de la droga y otros delincuentes en México. La demanda es un caso de responsabilidad civil contra estas empresas por actos y omisiones que han causado daño de forma directa e indirecta a México.

 

Fernando González Saiffe
Consul de México en Detroit

Es muy importante subrayar, que esta demanda no está dirigida en contra el gobierno de los Estados Unidos ni en contra de la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que otorga el derecho a los estadounidenses a tener y portar armas en su país. Lo que México pide a un tribunal federal de los EE. UU. es que sancioné a 11 empresas de armas y las responsabilice por sus prácticas comerciales negligentes e ilícitas que han facilitado activamente el tráfico ilegal de sus armas hacia México.

 

Una de las prioridades de México en su relación bilateral con Estados Unidos es el cese urgente del flujo ilegal de armas de fuego y municiones que llegan por la frontera, lo que fortalece al crimen organizado y disminuye la seguridad pública en nuestro país.

 

En la actualidad, México está inundado de armas provenientes de EE. UU. Se estima que más de medio millón de armas de fuego se trafican anualmente desde EE. UU. hacia México. Según el rastreo realizado por las autoridades mexicanas y estadounidenses, entre el 70 y el 90 por ciento de todas las armas confiscadas por las fuerzas de seguridad mexicanas cruzaron ilegalmente la frontera.

 

La mayoría de las armas de fuego y municiones ilícitas en México provienen de Texas (41 por ciento), California (19 por ciento) y Arizona (15 por ciento); el resto de Estados Unidos constituye el 25 por ciento restante. Las compras en línea y las exhibiciones de armas son recursos bien conocidos para los llamados "compradores falsos" que buscan adquirir casi todo tipo de armas de fuego con procedimientos de control de seguridad débiles. Estos compradores luego contrabandean armas y municiones en vehículos a México.

 

Los acusados ​​objeto de la demanda mexicana producen y distribuyen más del 68 por ciento de esas armas de tráfico de origen estadounidense, lo que significa que venden anualmente más de 340.000 armas que fluyen desde sus plantas en los Estados Unidos a delincuentes al sur de la frontera. Son plenamente conscientes del tráfico masivo de sus armas hacia México (incluso hay evidencias de que las armas están personalizadas para los delincuentes). Sin embargo, su política es vender a cualquier distribuidor o comerciante con licencia sin ningún control de seguridad pública ni controles disciplinarios dentro de sus sistemas de distribución.

 

Para ejemplificar algunas de estas conductas, el gobierno de México encontró que las armerías (i) distribuyen sus productos a cualquier tienda que posea una licencia de venta, sin importar si son o han sido investigadas o sancionadas por coludirse con traficantes de armamento a México; (ii) toleran que sus armas sean objeto de ventas múltiples y recurrentes a compradores únicos o, bien, de ventas fuera de registro; (iii) no incluyen dispositivos de rastreo en las armas, lo cual impide que, tras su decomiso en nuestro país, se identifiquen y combatan rutas de trasiego ilegal; (iv) producen rifles fácilmente modificables para aumentar su poder de fuego (bastan unas cuantas piezas nada sofisticadas para convertirlos en semi-automáticos o automáticos) y (v) diseñan modelos atractivos para grupos delincuenciales mexicanos.

 

Con su demanda México busca que las compañías entreguen una compensación económica por concepto de reparación del daño que ha sufrido el Estado mexicano en su conjunto. Segundo, que las demandadas cesen sus conductas indebidas, que adopten mayores y mejores controles sobre el destino de sus armas, que se abstengan de distribuirlas a personas físicas y morales con antecedentes de tráfico y que desincentiven la compra de personas que buscan cometer actividades ilícitas.

 

Esta demanda civil es un esfuerzo del Gobierno de México destinado a detener el flujo ilícito de municiones, pistolas y rifles semiautomáticos a México. Fortalecer nuestra visión común y nuestra asociación en temas como este, que afecta a millones de vidas en nuestros dos países, es nuestra responsabilidad común.

 

 

 
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